El balance global de la Conferencia sobre el Clima (COP27) celebrada en Sharm el Sheikh (Egipto) es decepcionante. Se resume en acuerdos endebles y voluntarios que siguen sin exigir acciones que logren minorar la emergencia climática y garantizar los derechos humanos.
Se creará un fondo para compensar los daños causados por los fenómenos extremos derivados del cambio climático. Sus destinatarios fundamentales, serán los países vulnerables. Sin embargo, este acuerdo no es vinculante ni establece unos mínimos, por lo que no queda claro quién lo financiará ni cuándo y también es bastante difuso qué países los recibirán.
Más preocupante es la meta de no superar los 1‘5º C sobre la actual media de temperatura global. Un acuerdo que precisa del consenso y que la crisis económica y geopolítica han hecho peligrar. Hasta el punto de que, a pesar de mantenerse el acuerdo, no se especifica cómo se hará.
Mientras los países europeos han asumido recortes en la emisión de CO2 y mantienen su compromiso de reducción en la quema de combustibles fósiles, los países productores de esta energía y sus grupos de presión -junto con los cuatro grandes emisores (China, Estados Unidos, Rusia e India)-, han puesto excusas o alargado plazos que, en la práctica, suponen el bloqueo de cualquier transición o el abandono progresivo de gas y petróleo, por lo que se quedan fuera de este objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero.
La evidencia científica advierte que se acaba el tiempo para poder frenar la emergencia climática, que son necesarias acciones urgentes y para intentar revertir el calentamiento global y los desastres que llevaría aparejados. Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo para sancionar las emisiones masivas, ni se conoce exactamente qué países serán compensados ni tampoco se han establecido garantías para cumplir los mínimos adquiridos en la cumbre de París. Un escaso avance que, una vez más, aplaza los objetivos a la siguiente Conferencia sobre el Clima en 2023.
