En Canarias se vierten al mar más de 100 mil litros de aguas residuales cada día. El pasado año se abrieron 70 expedientes y 2.023 contabilizó el mayor número de infracciones de los últimos cinco años.
Recientemente, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha mantenido reuniones con los ayuntamientos y Cabildos para agilizar los trámites administrativos y legalizar estos vertidos, con el objetivo de poner freno a todos aquellos que se realizan sin control ni autorización.
En las islas, existen 434 puntos donde se derraman principalmente aguas residuales al océano, pero solo el 28% están autorizados (según la última actualización del año 2.021).
Diferentes colectivos sociales consideran además insuficientes y poco cuantiosas las sanciones, que oscilan entre los 3 mil y 6 mil euros, en relación al daño que están ocasionando en nuestras costas. Movimientos como Ecologistas en Acción reclaman también un cambio en el modelo turístico que no destruya el medioambiente y que el mar no se convierta en la alfombra que se levanta para ocultar estos vertidos.
Casos como el de la Playa de Los Charcones en Arucas, Gran Canaria, o Playa Jardín, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ponen en evidencia que nos encontramos ante una crisis que va en aumento en nuestro archipiélago y que afecta a la contaminación y supone un riesgo y un problema de salud pública.
